A lo largo de este documento se refleja el estado normativo del derecho a la participación de las víctimas en México a diciembre de 2015, así como algunas prácticas institucionales y de sociedad civil que dan muestra ya de diversas lecciones aprendidas y buenas prácticas, que deben ser retomadas para mejorar el ejercicio de la participación de las víctimas.
El documento analiza algunos ejemplos de cómo México, tanto en los procesos donde las víctimas tienen un interés directo, como en el marco legal, ha avanzado para reflejar la importancia de la participación de las víctimas, y cómo en la práctica dichos supuestos normativos están lejos de cumplirse y atender a los estándares internacionales.
El documento recoge igualmente las conclusiones que arrojaron una serie de entrevistas a víctimas y personas con experiencia en el tema, su visión sobre los obstáculos (estructurales, institucionales y metodológicos) que en la práctica se enfrentan al tratar de ejercer su derecho a la participación.
Finalmente, se comparten una serie de recomendaciones ciudadanas sobre medidas para mejorar la participación y se sugiere realizar una serie de reformas para contar con un mecanismo que regule la participación de las víctimas, que, además de promover la remoción de obstáculos que actualmente limitan la participación, dedique esfuerzos de manera intencionada para la creación de condiciones que permitan una participación efectiva de las víctimas.
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