Con financiamiento de la Embajada de Reino Unido en México, durante 2015 y 2016 se llevó a cabo un proceso para construir un piso común de información y capacidades entre los actores involucrados en la implementación de Evaluaciones de Impacto Social y Consulta Indígena para la prevención de conflicto social en torno a proyectos de energía renovable en México.
A partir de una serie de entrevistas realizadas con la comunidad zapoteca de Juchitán y la tribu Yaqui en Sonora así como de empresas, organizaciones de la sociedad civil y gobierno, se construyó una base de información en torno a las buenas prácticas y las debilidades de la consulta indígena, mecanismo de gobernanza que además de estar enmarcado por el derecho internacional, es impulsado por el gobierno federal y está institucionalizado a partir de su inclusión en la legislación aplicable a proyectos de las industrias extractivas y de generación de energía.
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